Desde Septiembre de 2007 la empresa española está sufriendo en sus cuentas de resultados en los cuatro frentes:

En Ventas: la caída del consumo ha provocado una drástica caída en ventas, a muchas empresas la facturación les ha caído de manera agregada un 40% en los dos últimos años.

En Cobros de clientes: como sus clientes tienen problemas similares de caída de ingresos, retrasan al máximo los pagos o simplemente no pagan lo que les deben por ventas. Creando problemas de liquidez.

En Financiación: bancos y cajas están recortando la financiación a la empresa. No es que no presten más, cuando vencen las pólizas de crédito retiran lo prestado.

Desde octubre 2008 a octubre 2009 el crédito de bancos y cajas a las empresas ha bajado en 80.000 millones de euros. Por contra, el dinero invertido por las entidades financieras españolas en deuda del Estado ha sido 100.000 millones de Euros en ese periodo. Es decir, mientras reducen su exposición a deuda de las empresas y familias, lo prestan a los Estados. El efecto crowding out es dramático y evidente, mientras los estados financian sus gastos, las empresas pierden el crédito.

En pago a Proveedores: ante esta situación de falta de entrada de ingresos o de pérdida de liquidez, los proveedores desconfían y exigen a las empresas menos fuertes (aquellas que tienen más dificultades en cobrar) que paguen al contado.

Eso es insostenible para muchas empresas, que están viviendo una situación dramática. No pueden siquiera pagar a sus empleados y, por supuesto, aunque hayan caído las ventas un 40% y no haya trabajo para parte de la plantilla tampoco pueden prescindir de algunos de ellos pues el coste de despido es muy alto y precisamente lo que falta es liquidez para pagar ese coste.

La consecuencia está siendo y será el cierre de muchas empresas y, con ello, una gran destrucción de riqueza y empleo.

Los gobernantes no están lanzando medidas que ayuden. La nueva ley de economía sostenible no ataca este problema: ni flexibilizar el sistema laboral, ni aborda los problemas de financiación de las empresas ni pone tope al alargamiento de pagos (hace referencia a recortar los pagos de las administraciones públicas ¡a partir del 2013!).

Lo que sí que han decidido nuestros gobernantes hacer es aumentar el IVA en 2010, medida que traerá consecuencias aun más dolorosas para la economía. En 1997 el gobierno japonés (con un mapa macroeconómico muy similar al español) subió el IVA en dos puntos porcentuales y metió al país en una recesión profunda, de la que todavía no ha salido.

Mientras, las empresas, siguen luchando (cada una en su guerra particular) para sacar el país de esta crisis económica. Confiemos en la capacidad de nuestras empresas y sus trabajadores para remontar la economía.

Enrique Quemada Clariana
Consejero Delegado
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