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La politización de las Cajas de Ahorros es un hecho indiscutible, si a alguien le queda alguna duda no tiene más que repasar los recientes acontecimientos en Caja Madrid. Parece que la corriente de los defensores de la vía "despolitizada", entre los cuáles me encuentro, es cada vez mayor, o que nuestras opiniones tienen mayor eco. Hasta ahora se habían planteado dos vías para sortear el asunto político: capitalizar las cajas con cuotas participativas que incorporen derechos políticos y eliminar el derecho de veto de las comunidades autónomas a fusiones entre cajas de diferentes territorios.

La vía de las cuotas participativas con derechos políticos, actualmente sólo incorporan derechos económicos, supone "de facto" iniciar un proceso complejo de privatización de las Cajas que tiene simpatizantes entre algunos dirigentes de las Cajas y la oposición frontal de partidos políticos y sindicatos.

Eliminar el derecho de veto de las Comunidades Autónomas permite desvincular del ámbito político la decisión fusionar cajas de diferentes territorios. No suena mal intentar resolver el puzzle de la reestructuración bajo el criterio de la lógica y de la eficiencia ya que, a priori, parece que una fusión extraterritorial genera menos solapamientos y más sinergias que una interterritorial. Entre los partidarios de esta vía se encuentra casi todo el mundo, gestores de las Cajas y Banco de España incluidos, y como detractores los partidos políticos que prefieren resolver el puzle de forma que se asegure su hegemonía en los órganos de decisión de sus respectivos "feudos financieros". Este tema podría haberse solucionado, al menos parcialmente, con el Frob (Fondo de Reestructuración Bancaria Ordenada), pero finalmente el Ministerio de Economía se reservó la competencia de poder oponerse a las operaciones de fusión o integración planteadas por el Banco de España.

Ayer podíamos leer en la prensa financiera que "el Banco de España solita fichar ejecutivos de prestigio para las cajas", la recomendación iba dirigida a las Cajas intervenidas para que pongan al timón a profesionales de contrastado prestigio sin injerencias políticas en su nombramiento.

Estamos siendo muy imaginativos para intentar sortear el problema de la intervención política pero ¿porqué no atacamos el problema de raíz?, ¿porqué no modificamos la Ley de Cajas?. Las Cajas de Ahorros son un actor financiero de primer orden que compiten con la banca en prácticamente todos los segmentos de mercado, ¿no es lógico asegurar que dispongan de órganos de gobierno eficaces y profesionales?. En la situación actual las Cajas navegan entre dos aguas: el modelo de mercado que busca el crecimiento y la rentabilidad sostenidos y el modelo de toma de decisiones impregnado por criterios de marcado corte político.