ONEtoONE, Asesores financieros, fusiones y adquisiciones

Resulta paradójico que el gobierno se atormente buscando medidas para suavizar los efectos adversos de la crisis (bajadas de impuestos a las empresas que no despidan, subidas de impuestos a las rentas altas, cheques a los parados,...) cuando es el propio Estado es que está causando muchas de las penas y simplemente cumpliendo las administraciones con sus propios compromisos estas se solucionarían.

Las administraciones públicas pagan muy mal lo que deben y deben mucho (sólo los ayuntamientos deben a las empresas 32.677 millones de euros). Con un compromiso de pago a 55 días (que ya de por sí es injusto y superior al de las empresas) están en realidad pagando a 143 días (las empresas en media a los 98 días). Esto produce los siguientes efectos perversos para nuestra economía:

En primer lugar, dan la puntilla a unas empresas a las que les han bajado drásticamente las ventas, les están cortando las entidades financieras las líneas de crédito y tienen verdaderos problemas de liquidez. Ante esta tardanza en el cobro no hay dinero para pagar las nóminas, la única solución para muchas de estas compañías sería entonces la reducción costes y de plantillas pues al no cobrar no pueden pagar a sus empleados, pero como en España eso no es posible si no pasa por indemnizar los años trabajados (es materialmente imposible en este escenario para la empresa hacer un ERE pues no tiene dinero -se lo deben- para pagarlo), la única salida es el concurso de acreedores y posterior liquidación: todos a la calle.

Eso naturalmente crea mucho paro: el gobierno deja de recaudar en impuesto de sociedades y en IRPF y  la seguridad social deja de recibir y pasa a tener que pagar a los desempleados, los gastos pasan entonces a ser mayores a los ingresos y el gobierno se plantea subir impuestos para equilibrar los presupuestos. Los nuevos parados dejan de consumir y los que pagan más impuestos también, se alimenta el círculo vicioso de nuestra economía. En definitiva, una operación absurda de destrucción de riqueza y de creación de problemas por no cumplir con los compromisos de pago.

Pero además este incumplimiento de las administraciones públicas está generando un efecto en cadena en nuestra economía, pues los que no cobran lo que ellas les deben también alargan obligadamente los plazos de pago a sus clientes, que a su vez son estrangulados financieramente y estrangulan a sus propios clientes, y así continúa la cadena.

El Estado ha puesto de moda pagar mal y este vicioso ejemplo se ha extendido a toda la economía española. El 90% de las PYMES tienen un verdadero problema de liquidez, estos problemas de liquidez ha disparado la desconfianza en el sistema y los proveedores exigen hoy a sus clientes que paguen al contado, no se fian. A muchas empresas les resulta imposible pagar al contado pues cobran a 143 días y ante esa situación de matemática imposible, se ven obligados a cerrar, alimentando el círculo vicioso.

El Estado ha emitido deuda pública por el 40% del PIB, pero según los criterios de la Unión Europea puede tiene espacio para emitir casi 200.000 millones de euros más.

Antes de que el circulo vicioso se trague estos recursos, el gobierno podría pararlo con dos medidas: la primera, prestar a los ayuntamientos y Comunidades Autónomas con la exigencia de que con este dinero cumplan sin retraso Todos sus compromisos de pago e imponer el ejemplo y rigor en el pago en todas las administraciones, la segunda es endurecer la ley para que se cumpla el máximo de 60 días en el pago de cualquier deuda entre empresas y dar la vuelta a una tendencia que es absolutamente destructiva para nuestra economía.

El gobierno dice que es valiente, aquí tiene un par de medidas valientes y efectivas.